El Estado liberal
. El Estado de derecho.
La primera forma que adoptó el Estado moderno fue la monarquía absolutista del
Antiguo Régimen: una forma de gobierno en la que el monarca representa la
voluntad soberana y su palabra es la ley.
Sin embargo, las revoluciones de carácter liberal llevadas a cabo desde el
siglo XVII en adelante dan lugar a una nueva mentalidad según la cual todos los
miembros de la sociedad, incluidos los gobernantes y el monarca, han de
someterse a la ley emanada de la soberanía popular. De este modo se abre paso
el concepto de imperio de la ley. En la tradición liberal, el derecho igual
para todos garantiza un espacio de libertad en el que las personas puedan
actuar sin temor a interferencias arbitrarias o injustas. De ahí el interés de
los pensadores liberales por dar razón de la necesidad del imperio de la ley.
Tal es el caso de Manuel Kant, que en su obra La paz perpetua formula los tres
principios siguientes como base del sistema jurídico que corresponde a un
Estado moderno:
1. Principio de la libertad de cada miembro de la sociedad (en cuanto hombre).
2. Principio de la dependencia de todos respecto a una única legislación común
(en cuanto súbditos).
3. Principio de la igualdad de todos los súbditos (en cuanto ciudadanos).
Para preservar estos tres principios, dice Kant, el soberano, al promulgar las
leyes, debe tener en cuenta la siguiente fórmula: «Lo que no puede decidir el
pueblo sobre sí mismo y sus componentes, tampoco puede decidirlo el soberano
sobre el pueblo».
9.2. La tradición liberal.
El punto de partida del liberalismo es la creencia de que el individuo
constituye el núcleo de la actua-
ción política, y por eso el Estado ha de garantizar su libertad de actuación
estableciendo un marco legal que proteja sus derechos. De este modo, los
individuos pueden perseguir sus intereses particulares de acuerdo con las
reglas de la competencia económica y del libre intercambio, sin que tengan que
ver coartadas estas libertades por el poder público. Desde estos presupuestos,
la política se concibe no como la búsqueda del bien común, sino
como el arte de equilibrar los diferentes intereses.
Las funciones básicas de este Estado liberal serían las siguientes:
- Proteger la vida de sus miembros.
- Mantener la seguridad.
- Reducir el miedo y la incertidumbre.
- Crear la paz civil.
- Asegurar el derecho de propiedad.
- Facilitar el comercio.
El Estado constitucional y
democrático.
El liberalismo entiende que, para que sea posible alcanzar estos objetivos, el
Estado ha de ser constitucional: un Estado donde existe un sistema de reglas
fundamentales, la Constitución o unas normas equivalentes, que limitan los
poderes estatales con el fin de evitar, en lo posible, los abusos de los
gobernantes. Un buen ejemplo de estas reglas es la separación de poderes
propuesta en el siglo XVIII por Montesquieu, que busca la independencia y el
control mutuo entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
El Estado liberal de derecho dio paso al Estado liberal y democrático de
derecho, cuando se advirtió que el sufragio universal, el sistema
representativo y la regla de las mayorías eran los mecanismos más convenientes
para controlar al poder público y alcanzar aquellos fines. Pero no deben
confundirse el liberalismo, que es una forma de control del poder político, y
la democracia, que se refiere a quien ejerce este poder político.
Liberalismo político y liberalismo económico.
El liberalismo surgió en un primer momento como una reivindicación de garantías
constitucionales y de derechos individuales, esto es, una defensa de la
libertad frente al absolutismo. Pero pronto pasó a convertirse en una doctrina
acerca de la organización económica. Hoy en día el término incluye ambas
dimensiones, por lo que es necesario siempre especificar a cuál nos
referiremos.
• El liberalismo político se centra en la idea de que los seres humanos deben
ser libres para seguir sus propias preferencias en los asuntos religiosos,
económicos y políticos, lo que supone límites y controles al poder estatal.
• El liberalismo económico entiende el mercado como mecanismo básico de
coordinación social. El papel del Estado consiste en permitir que el mercado
cumpla su función de determinar los costes y precios, y de distribuir
equitativamente los beneficios, sin pretender intervenir en él.
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